La comunidad cuando realiza obras se convierte en Promotor, y como tal está sujeto a un cumplimiento estricto de la normativa laboral específica para la realización de obras

Básicamente podemos establecer dos tipologías: Obras con Proyecto y Obras sin proyecto.

Puesto que las obras con proyecto requieren la intervención de diversos especialistas, técnicos y profesionales especializados, entendemos que las comunidades en dichas obras contaran con respaldo profesional suficiente que aseguran el cumplimiento estricto en materia de Seguridad laboral.

El cumplimiento de la legislación laboral muchas veces falla en sus aspectos más simples, provocando sanciones que paga la comunidad, simplemente por desconocimiento y no gestionar convenientemente los trámites administrativos ni solicitar asesoría especializada.
Todas las comunidades se convierten en “empresarios” en el momento en que contratan personas o empresas que les realicen tareas (por mínimas que sean).
La diferencia se establece por la modalidad en que se cubren los distintos servicios con que se dota la comunidad, que viene determinado generalmente por el tamaño de las comunidades.

Primeramente, hay que recordar que este tipo de repartidores de costes de agua son obligatorios en la Comunidad de Madrid (BOAM nª 5709 de 22 de junio de 2006: «cada vivienda, local establecimiento o unidad de consumo susceptible de individualización deberá disponer de un contador individual de agua por cada vivienda, local, establecimiento o unidad de consumo susceptible de individualización)

Criterios aplicables a la estimación y reparto de consumo de agua en instalaciones sin batería de contadores centralizada.

El criterio habitual, en este tipo de instalaciones consiste en repartir el coste de la factura de la empresa distribuidora (Canal de Isabel II) en dos bloques, uno de gestión, que reparte el coste de prestación del servicio entre todos los puntos de suministro (viviendas y locales) , y el otro bloque reparte el consumo de agua, proporcionalmente a cada una de las viviendas por el cociente entre la lectura del consumo de una vivienda y la suma de los consumos medidos en la totalidad de las viviendas. Normalmente lo gestiona alguna empresa especializada.

Esto, que teóricamente no plantea ninguna dificultad, llevado a la práctica hace necesario realizar varios ajustes:

Se ha celelebrado en la sede del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid una mesa sobre la rehabilitación y las propuestas para llevar a las administraciones públicas.

Esta mesa se ha podido seguir por Twitter:  https://twitter.com/hashtag/MesaRehabilita?src=hash

La gestión de las rehabilitaciones caen de lleno dentro de las competencias de los administradores de fincas, siendo en el caso de edificios antiguos una necesidad.

Esta es la aportación de GtC a  la mesa:

Mi opinión, desde el doble punto de vista de aparejador y administrador de fincas.

El parque de viviendas en la Comunidad de Madrid tiene un promedio de antigüedad elevado.
Esto hace que en cuanto a envejecimiento del propio edificio, instalaciones obsoletas y eficiencia energética sea necesario realizar las rehabilitaciones.
Se produciría además un efecto beneficioso para la economía: Generador de empleo (en un sector masacrado por la crisis).

Las subvenciones suponen un estímulo para que se acomentan.
Pero para que la subvención sea creible y realmente constituya un estímulo debería cumplir:

El fracaso de la calidad ISO

El resultado final de muchos edificios deja bastante que desear.

Y el cliente final, el comprador de la vivienda es el que lo padece, y al que muchas veces no le queda otro remedio que la resignación e indignación.

Muchas son las causas. El Boom inmobiliario fue el momento de más deficiencias, en la que todas ellas confluyeron a un resultado tan lamentable: Demanda excesiva que la mano de obra especializada no podía atender, prisas, presiones…